Las alertas son advertencias, no opiniones

Lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Jujuy no debería sorprender a nadie que siga de cerca la evolución normativa con “sus grises” (Resolución 550/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil) y operativa de los drones en la Argentina. Sorprende, sí, que vuelva a suceder exactamente aquello que ya había sido advertido, por los actores que conocen el riesgo desde adentro. El episodio no expone un problema tecnológico. Los drones, como herramienta, no son el enemigo. El verdadero problema es la banalización de su operación, especialmente en entornos donde conviven aeronaves tripuladas, producción agrícola intensiva y responsabilidad estatal.
Que un dron opere en inmediaciones de una cabecera de pista internacional sin que el aeropuerto, la autoridad aeronáutica ni los organismos de control tengan conocimiento previo no es una anécdota: es una falla sistémica. Más grave aun cuando se verifica que no existía registro del equipo, seguro aeronáutico, licencia del operador ni certificación psicofisiológica. Todo lo que sí se le exige “con razón” a cualquier piloto en espacios aéreos controlados, zonas sensibles al ruido, parques nacionales, infraestructura críticas entre otros.
Aquí aparece el punto central: la categoría “abierta”, tal como está concebida y aplicada, ha generado una falsa percepción de inocuidad. Se ha instalado la idea de que volar un dron es una actividad menor, casi recreativa, aun cuando se realiza en espacios rurales o compartidos con aviación tripulada, corredores aéreos, zonas productivas y aeródromos activos.
El operador/piloto que “no sabe dónde está el peligro” no es culpable por ignorancia; es consecuencia de un sistema que no exige formación mínima, no delimita claramente qué es una “zona rural” y no articula controles reales con campañas de concientización. El resultado es previsible: operaciones improvisadas, riesgos invisibles y autoridades reaccionando cuando el problema ya está en el aire.
Lo más preocupante del caso Jujuy no es lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. Y más aún: que haya intentos de silenciar el hecho en lugar de aprovecharlo como señal de alarma. La seguridad operacional no se protege ocultando eventos, sino analizándolos y corrigiendo el marco que los permite.
Desde hace tiempo, cámaras empresarias, federaciones y operadores profesionales vienen alertando que este escenario iba a llegar. No por oposición a los drones, sino por defensa de la vida, de la aviación y del propio desarrollo responsable de la industria.
La pregunta ya no es si habrá un accidente. La pregunta es si, después de Jujuy, alguien va a escuchar antes de que ocurra.